La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de reforma del Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y establecer consecuencias concretas para quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria.
La propuesta, acordada entre distintos bloques legislativos y el Poder Ejecutivo, apunta a mejorar el acceso a la información y brindar nuevas herramientas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Un registro actualizado y digital
La reforma contempla que el registro pase a depender del Poder Ejecutivo provincial y funcione a través de un sistema digital, gratuito e interoperable. La plataforma permitirá centralizar información sobre las personas que tienen obligaciones alimentarias y conocer su situación de cumplimiento.
Además, contará con una sección específica para quienes sean declarados deudores alimentarios morosos. De esta manera, la Justicia y los organismos públicos podrán acceder a información actualizada, evitando que las familias deban recorrer distintas oficinas para reunir datos necesarios para reclamar el cumplimiento de las obligaciones.
Qué restricciones podrán enfrentar los deudores alimentarios
Entre las consecuencias previstas para quienes sean incorporados como deudores alimentarios morosos se encuentran las restricciones para postularse a cargos electivos, cobrar premios de juegos de azar e ingresar a estadios de fútbol de primera división.
La iniciativa también establece otras limitaciones vinculadas con trámites y beneficios públicos, con la intención de fortalecer las herramientas disponibles para promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Cattalini: “Detrás de cada cuota que no se paga hay derechos que quedan sin cubrir”
Durante el tratamiento del proyecto en el recinto, la diputada socialista Lionella Cattalini destacó la necesidad de que los derechos reconocidos judicialmente puedan garantizarse en la práctica.
“Reconocer judicialmente un derecho alimentario no tiene sentido si después no se cumple en forma efectiva y a tiempo”, sostuvo la legisladora.
En ese sentido, citó datos de UNICEF según los cuales el 56% de las mujeres que no conviven con los padres de sus hijos no recibe la cuota alimentaria, mientras que el 68% la percibe de manera irregular.
Cattalini también hizo hincapié en las consecuencias que genera el incumplimiento para la vida cotidiana de las familias. “Estamos hablando de deudas que no son como cualquier otra. Detrás de cada cuota que no se paga hay derechos que quedan sin cubrir: la vivienda, el transporte, la educación o algo tan básico como unas zapatillas”, expresó.
La diputada señaló, además, que la propuesta surgió del trabajo conjunto entre diferentes espacios políticos y el Poder Ejecutivo, con la intención de ofrecer respuestas a las familias que deben afrontar dificultades para hacer efectivo el cobro de las cuotas.
“La obligación alimentaria no es un chiste. No podemos dejar solas a las familias, que muchas veces tienen que averiguar por su cuenta dónde trabaja una persona o cuánto gana para conseguir que sus hijos reciban lo que les corresponde”, afirmó.
Finalmente, Cattalini sostuvo que la reforma representa un avance para garantizar los derechos de las infancias y facilitar el acceso a respuestas concretas frente al incumplimiento.
“La cuota alimentaria no es una ayuda ni una concesión: es un derecho y una obligación que se tiene que cumplir”, concluyó.
Con la media sanción de la Cámara de Diputados, la iniciativa avanza en el ámbito legislativo provincial con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y contribuir a que las obligaciones alimentarias se cumplan de manera efectiva y oportuna.
