La Justicia Civil y Comercial de Rafaela resolvió intervenir la administración de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, tras detectar una serie de incumplimientos graves en el marco de su proceso concursal. La decisión incluye la designación de un coadministrador judicial por un plazo inicial de 60 días, con amplias facultades de control, auditoría y representación.
El fallo fue firmado este lunes por el juez Marcelo Germán Gelcich, quien consideró que la situación de la firma láctea impide un control judicial efectivo y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los acreedores y al interés general que SanCor representa para la economía regional.
Salarios adeudados y denuncias laborales
Según detalla la resolución judicial, SanCor adeuda salarios correspondientes al período junio–noviembre de 2025, además de ambas cuotas del Sueldo Anual Complementario. Desde la apertura del concurso preventivo, se acumularon más de 3.800 reclamos laborales, canalizados a través de telegramas enviados por los trabajadores.
El fallo también menciona presuntas maniobras irregulares, entre ellas la emisión de recibos considerados “apócrifos”, en los que se habrían simulado pagos que nunca fueron acreditados en las cuentas sueldo. Además, se habrían modificado conceptos salariales con el objetivo de eludir aportes previsionales, una situación que agrava el cuadro judicial de la cooperativa.
Falta de información y causas penales
Uno de los puntos centrales de la resolución es la reiterada negativa de SanCor a entregar información esencial requerida por la Justicia. El juez señaló que la cooperativa retaceó datos clave sobre su operatoria industrial, niveles de producción, vínculos comerciales y estado real de los contratos vigentes.
Esta conducta, según el fallo, impide evaluar el funcionamiento real de la empresa y dificulta cualquier intento serio de control concursal.
En ese marco, el Comité Provisorio de Control, junto con la Sindicatura, impulsó la intervención judicial y recordó que dos expresidentes de SanCor, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, se encuentran procesados en la Justicia Federal por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
Qué implica la coadministración judicial
El coadministrador designado tendrá un rol activo y decisivo: toda operación económica de SanCor deberá contar con su firma, bajo pena de nulidad. Además, podrá actuar con hasta seis auxiliares especializados, ingresar a todas las plantas industriales y requerir documentación contable, laboral y operativa.
La resolución habilita incluso el auxilio de la fuerza pública y la habilitación de feria judicial, si fuera necesario, para garantizar el acceso a la información y el cumplimiento de las medidas dispuestas.
Garantizar continuidad y control
Desde el Juzgado aclararon que la intervención no busca desplazar a la conducción cooperativa, sino asegurar la continuidad productiva bajo un control judicial estricto, protegiendo a los trabajadores, acreedores y a la masa concursal.
La medida refleja la gravedad del escenario que atraviesa SanCor y marca un punto de inflexión en su proceso concursal, en un contexto donde la histórica cooperativa láctea continúa siendo un actor clave para la economía regional y el entramado productivo del centro-oeste santafesino.