Según precisaron referentes gremiales, entre 35 y 40 empleados serían reubicados, aunque aún no hay información oficial sobre sus destinos. “Hablamos en potencial porque no tenemos claridad; esa falta de certezas es el motivo principal de las medidas de fuerza”, señalaron. La Bancaria respalda las asambleas que se realizan en Santa Fe y Santo Tomé, mientras crece el temor por posibles despidos, ya que en otras secciones comenzaron a llegar telegramas por no alcanzar metas comerciales.
El panorama no es exclusivo de la capital provincial: ya son 18 las sucursales cerradas o anunciadas por Banco Macro en toda la provincia de Santa Fe, y la situación se replica proporcionalmente en el resto del país. La excepción son las provincias donde la entidad actúa como agente financiero —como Tucumán— y los convenios vigentes impiden el cierre de oficinas.
A nivel nacional, Macro ya cuenta con varios cientos de trabajadores menos debido a acuerdos de retiro voluntario. Y la preocupación crece porque otras entidades financieras siguen un camino similar. El Banco Santander cerró dos sucursales en Santa Fe capital y cinco en la provincia, además de achiques en todo el país. También hubo retiros anticipados en diversos bancos, y el caso más drástico fue el del Citibank, que cerró su sucursal y se retiró del país.
“El panorama es muy complejo”, advirtieron desde el gremio, que este martes mantuvo una reunión con el ministro de Trabajo de la provincia. Allí solicitaron la intervención del gobernador y su gabinete para frenar cierres y garantizar la continuidad laboral.
El pedido incluye dos ejes:
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Que el Gobierno intervenga en la situación del Banco Santa Fe, como agente financiero provincial.
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Que se convoque a todas las entidades financieras que operan en Santa Fe, para evitar nuevos cierres, especialmente en localidades donde solo existe una sucursal y su desaparición dejaría sin servicios bancarios a toda la comunidad.
Desde La Bancaria remarcaron que continuarán las asambleas informativas en todas las sucursales de la región hasta obtener garantías concretas sobre los puestos de trabajo.
