Tras la polémica generada, el intendente Mariano Busso explicó los fundamentos de la decisión y sostuvo que el objetivo del Municipio es “dirigir los recursos y subsidios de manera responsable y sustentable”.
Desde el Ejecutivo señalaron que uno de los principales cuestionamientos al proyecto es que el beneficio podría terminar favoreciendo indirectamente a propietarios de viviendas alquiladas y no exclusivamente a los jubilados. En ese sentido, explicaron que si un dueño posee varias propiedades alquiladas a personas alcanzadas por la ordenanza, la reducción o eliminación de la TGI terminaría generando un beneficio económico para el propietario del inmueble.
Además, remarcaron que actualmente ya existe una política de acompañamiento para jubilados propietarios, la cual fue ampliada durante esta gestión municipal. Según indicaron, hoy el beneficio alcanza a unas 45 personas de la ciudad, luego de realizar los correspondientes estudios socioeconómicos para determinar cada situación particular.
Otro de los puntos planteados por el Ejecutivo fue la falta de un informe sobre el impacto económico que tendría la medida en las cuentas municipales. Desde el Municipio sostuvieron que el proyecto no detallaba cómo sería financiado ni cuál sería el costo real para las arcas públicas en caso de implementarse.
En ese marco, desde el gobierno local insistieron en que el debate debe darse “con responsabilidad”, pensando en políticas públicas que puedan sostenerse en el tiempo y que realmente lleguen a quienes más lo necesitan.
“El debate debe centrarse en políticas serias y sustentables para la ciudad, y en dirigir los subsidios realmente a quienes más lo necesitan”, expresaron desde el Ejecutivo municipal.