El Gobierno de la provincia de Santa Fe realizó este jueves el sorteo de 10.000 ciudadanos que pasarán a integrar el nuevo padrón de potenciales jurados populares. La nómina tendrá vigencia durante los años 2027 y 2028 y reemplazará al primer registro confeccionado desde la implementación del sistema de juicios por jurados en territorio santafesino.
El sorteo se llevó adelante en la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe, en la ciudad capital, y se realizó sobre un universo de aproximadamente 2,4 millones de personas, a partir de un padrón electoral actualizado y depurado.
Las personas seleccionadas no serán jurados de manera automática, sino que integrarán una nómina de la cual podrán surgir futuras convocatorias para intervenir en procesos judiciales. Se trata de una carga pública establecida por ley.
El secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, explicó que el padrón tendrá una vigencia de dos años y precisó cómo será el procedimiento: en cada caso se convocará inicialmente a 36 ciudadanos, de los cuales se realizará una selección para conformar el jurado definitivo, integrado por 12 titulares y dos suplentes.
La nómina contempla las cinco circunscripciones judiciales de Santa Fe: Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. Para su conformación se tuvieron en cuenta criterios de paridad y proporcionalidad según la cantidad de electores de cada jurisdicción.
¿Quiénes pueden ser convocados?
Pueden integrar el padrón las personas de entre 18 y 75 años, siempre que no estén alcanzadas por las incompatibilidades previstas en la legislación vigente.
Entre quienes se encuentran excluidos figuran funcionarios de los tres poderes del Estado, abogados, escribanos, procuradores, personas vinculadas con las ciencias jurídicas o sociales, integrantes de las fuerzas de seguridad, personas con antecedentes o condenas y deudores alimentarios morosos, entre otros.
La normativa también contempla situaciones particulares de excusación, como determinados casos de incompatibilidad para mayores de 70 años, mujeres en período de lactancia y personas que tengan algún vínculo con las partes involucradas en el proceso.
Además, quienes hayan participado como jurados deberán esperar un año antes de volver a cumplir esa función.
El balance de los primeros juicios por jurados
Durante el acto, Mascheroni también realizó una evaluación de la puesta en marcha del sistema en Santa Fe y destacó la respuesta de los ciudadanos que ya participaron en esta modalidad de juzgamiento.
“La marcha es buena”, afirmó, y recordó que inicialmente existían dudas respecto de la capacidad de la ciudadanía para asumir esta responsabilidad.
“Se pensaba que esto no iba a andar, que la ciudadanía no iba a estar a la altura de las circunstancias, y fue al contrario”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que los jurados actuaron con madurez durante los nueve juicios desarrollados hasta el momento, incluso en aquellos casos de mayor complejidad.
El funcionario consideró que la experiencia permitirá seguir perfeccionando el procedimiento y destacó el acompañamiento del Poder Judicial, tanto en infraestructura como en tecnología, para garantizar el desarrollo de las audiencias.
Por otra parte, indicó que los procesos suelen tener una duración acotada: el juicio propiamente dicho demanda, en promedio, alrededor de tres días, mientras que la instancia posterior destinada a determinar la pena también se desarrolla rápidamente. Según explicó, el procedimiento completo generalmente no supera una semana.
Un nuevo padrón para fortalecer la participación ciudadana
Por su parte, el secretario electoral provincial, Pablo Ayala, detalló que la confección de la nómina se realizó mediante un convenio con la Cámara Nacional Electoral, utilizando la información más reciente disponible.
El trabajo incluyó la división por circunscripciones judiciales, la clasificación por género y distintas depuraciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.
De esta manera, Santa Fe renovó el padrón de potenciales jurados y se prepara para continuar desarrollando un sistema que incorpora directamente a la ciudadanía en la administración de justicia.
