Mariel Marchesín, directora de Pinquén, explicó que la convocatoria se organizó ante el debate de una ley de emergencia para el sector discapacidad. “La situación es crítica. Hoy fuimos a Santa Fe junto a concurrentes, personal y familias, incluso en caravana con remises de nuestra institución. No hay recursos para sostener esto: hay que cargar combustible todos los días para traer a los chicos, y no nos están pagando. Y cuando llegan los pagos, vienen atrasados desde diciembre o enero”, contó con preocupación.
La problemática no es nueva, pero ha recrudecido en los últimos meses. El último ajuste de aranceles fue en octubre de 2024, y desde entonces no se han actualizado, pese a la inflación y el aumento sostenido de los costos. “Muchos profesionales ya desistieron, dijeron ‘me voy a trabajar de otra cosa’, y no es la idea. Nosotros nos formamos, nos capacitamos para brindar una atención de calidad cerca de casa, en nuestros pueblos, sin que las familias tengan que viajar a Santa Fe o Rosario. Pero así no se puede sostener más”, lamentó Marchesín.
Por su parte, Jessica Viera, kinesióloga e integrante del equipo interdisciplinario del centro Cronopio, añadió que los consultorios están en situación crítica. “Hace más de tres o cuatro meses que no cobramos algunas prestaciones. El arancel sigue siendo el mismo de octubre, cuando se dio un aumento del 0,5%. Y seguimos cobrando a ese valor. Además, las obras sociales no están autorizando prestaciones nuevas, y tampoco pagan. Nos usan como financiadores del sistema”, denunció.
Tanto Marchesín como Viera coincidieron en que la ley que hoy se debate en la Legislatura no es una solución definitiva, sino un parche, una medida de rescate urgente para frenar el derrumbe del sistema. “Queremos que se nos escuche. No solo nosotros, también las familias. Están agotadas, tienen que ir de hospital en hospital, de consultorio en consultorio, y encima deben lidiar con este abandono institucional”, agregó Marchesín.
Además, existe el temor de que, incluso si la ley se aprueba, el Poder Ejecutivo decida vetarla. “Por eso la convocatoria es nacional: no solo acá, también en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe. Es una lucha que une a todo el país. Lo que pedimos no es un privilegio, es que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, y que nos permitan seguir trabajando con dignidad”, concluyó Viera.
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